
El acuerdo fue avalado por aclamación y suspende la libertad de asociación y de circulación, entre otras, dijo a periodistas el diputado Rolando Dubón, del oficialista Partido Liberal.
"No se trata de un estado de excepción ni de un estado de sitio", aseguró.
"Esto se hace por el riesgo que existe porque se sospecha que hay muchas personas de otros países en Honduras y se teme que puedan estar intentado acciones contra la ciudadanía y el nuevo gobierno", añadió, sin dar más detalles.
Dijo que están exceptuados de la suspensión de garantías las ambulancias, los bomberos, las patrullas y vehículos que transportan los combustibles y los diarios locales. Tampoco hay restricciones para los medios de comunicación, aseguró.
Está previsto que el toque de queda, al menos hasta el viernes, se aplique de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, aunque el decreto legislativo establece que "podrá prorrogarse por más tiempo en caso que las circunstancias lo ameriten".
Con las medidas, las autoridades podrán detener a cualquiera por más de 24 horas, prohibir a las personas que se reúnan o participen en manifestaciones públicas, impedir que presenten peticiones y circulen libremente, salgan, entren o permanezcan en el territorio nacional, según sea el caso.
"Esas disposiciones ya se aplicaban en el toque de queda que prevalece en el país desde hace tres días", dijo a la AP el vicepresidente del Congreso, Ramón Velásquez.
Manifestaciones
Mientras tanto, el gobierno desafió el miércoles el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras los hondureños divididos volvieron a tomar las calles tanto para apoyar al mandatario designado Roberto Micheletti como para exigir el regreso del gobernante derrocado.
Las manifestaciones a favor de uno y otro gobiernos resurgieron el miércoles, al tiempo que el fiscal general adjunto, Roy Urtecho, anunció que la policía emitió una "alerta migratoria\" con la que esperan que Zelaya sea \"capturado en cualquier país donde se encuentre y traído a Honduras para ser juzgado".
En Tegucigalpa, decenas de simpatizantes de Zelaya -incluidos cientos que se habían congregado en las inmediaciones del palacio presidencial- marcharon hacia la sede de la OEA, donde cantaron al unísono el himno nacional y lanzaron gritos de "¡Justicia, justicia!" y "¡Fuera, gobierno corrupto!".
Mientras, medios locales reportaron que en varias ciudades del interior del país se manifestaban millares de personas en apoyo a Micheletti. La televisión mostró imágenes en Choluteca, en el sur del país, donde se veía a miles de manifestantes vestidos de blanco y con banderas de Honduras a favor del gobierno.
Intervención internacional
Unas horas después de que la OEA puso un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.
En este sentido, Micheletti pidió a los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández, y de Ecuador, Rafael Correa, que "no intercedan en asuntos que no les corresponden".
"No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos", declaró el miércoles a la radio colombiana La FM. "Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema", señaló.
Fernández de Kirchner y Correa tenían previsto acompañar al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en su regreso al país para retomar la conducción del Ejecutivo, operativo que está suspendido por un ultimatum de la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno de facto.
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