Corea del Norte amenazó este domingo con responder con “un mar de fuego” a las acciones militares o a las sanciones en su contra, tras la adopción en la víspera de nuevas medidas de presión sobre Pyongyang por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

“El día en que Estados Unidos se atreva a provocar a nuestra nación con armas nucleares o con sanciones, el territorio estadounidense será sumergido en un inimaginable mar de fuego”, advierte hoy en un editorial el diario oficial norcoreano Rodong Sinmun.

El artículo acusa a Estados Unidos y a sus aliados de mantener su política “hostil” contra el país asiático y de arriesgarse a la “autodestrucción”, y recalca la necesidad de que Corea del Norte cuente con armas nucleares para defenderse.

“El empeño de la banda de Trump por continuar en este atolladero sólo tendrá como consecuencia motivar más a nuestro Ejército, y dar más razones a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) para poseer armas nucleares”, destaca el diario del Partido de los Trabajadores.

“La capacidad de emprender una potente guerra disuasoria es una elección estratégica de defensa para nuestro pueblo, que ya atravesó un conflicto bélico horrendo”, añade el editorial.

Las sanciones adoptadas el sábado por el Consejo de Seguridad de la ONU elevan la presión al régimen que lidera Kim Jong-un con vetos a varios sectores de su economía, y envían un mensaje de unidad frente a la “amenaza global” que ve en sus ensayos con misiles.

Los quince países del organismo adoptaron por unanimidad una resolución que llevó un mes de negociaciones, y que reduce hasta en 1.000 millones de dólares (849 millones de euros) al año los ingresos que régimen de Pyongyang obtiene con sus exportaciones.

El texto incluye el veto a las exportaciones de carbón de Corea del Norte, que le supondrán al país una pérdida de 401 millones de dólares / 340 millones de euros al año; de hierro (250 millones de dólares / 212 millones de euros); plomo (110 millones de dólares/ 93 millones de euros) y mariscos (300 millones de dólares/254 millones de euros), entre otras medidas contra empresas y entidades que apoyen los programas armamentísticos del país.