Una decena de agentes de policía siguen vigilando hoy la embajada de Ecuador en Londres, ante la que ya no se concentran manifestantes en apoyo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, como ocurrió este jueves.

El Gobierno ecuatoriano otorgó ayer asilo al activista australiano, refugiado en su embajada en el céntrico y exclusivo barrio de Knightsbridge desde el pasado 19 de junio, y reclamó el apoyo de los otros países latinoamericanos para que pueda abandonar el Reino Unido, que le niega un salvoconducto alegando que tiene obligación legal de extraditarlo a Suecia.

Los alrededor de doscientos partidarios de Assange que se agolparon ayer ante la sede diplomática han desaparecido dejando un rastro de pancartas de apoyo al fundador de WikiLeaks y al soldado estadounidense Bradley Manning, acusado de haber filtrado cables diplomáticos al portal.

A lemas como “Los héroes deben ser recompensados, no perseguidos” o “El valor es contagioso”, se han sumado otros nuevos en defensa de la decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y la “soberanía” latinoamericana.

Una decena de agentes de la policía metropolitana y dos furgones permanecen en la acera en la que se encuentra la embajada, donde no pueden manifestarse los partidarios de Assange.

Algunos curiosos aprovechaban para tomarse fotos bajo el escudo y la bandera de Ecuador ante la mirada de unas quince cámaras de televisión, mientras Assange continúa en el interior de la embajada, donde le visitan con frecuencia su ayudante Sarah Harrison y Joseph Farrell, portavoz de WikiLeaks.

El caso Assange comenzó en diciembre de 2010, cuando fue detenido en Londres por orden de la fiscalía sueca por presuntas agresiones sexuales, y desde entonces tres tribunales británicos, el último de ellos el Supremo el 14 de junio pasado, dictaminaron a favor de su entrega al país escandinavo.

Su defensa ha tratado por todos los medios de evitar la entrega a Suecia alegando que desde allí podría ser extraditado a EEUU, el país más afectado por las filtraciones de WikiLeaks y donde corre el riesgo de ser condenado a pena de muerte.
EFE