Atlanta (EFE) — La ley de inmigración de Georgia, Estados Unidos, entrará en vigor este viernes sin sus cláusulas más polémicas y en medio de protestas de organizaciones civiles que, incluso, convocaron para este viernes un "día sin inmigrantes", con el fin de mostrar el "poder económico" de dicha comunidad en el estado.

Entre las secciones de la ley que entran en vigor este viernes está una que penaliza con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250,000 dólares a quienes utilicen una identificación falsa para obtener empleo en el estado.

Sin embargo, las cláusulas más polémicas de la ley no entrarán en vigor, ya que el juez Thomas Thrash bloqueó esta semana la sección que permitiría a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y otra que buscaba penalizar a quienes transporten o alberguen a indocumentados.

La decisión de Thrash, juez de la Corte Federal en Atlanta, capital de Georgia, fue recibida con alivio por la comunidad inmigrante; no obstante, los activistas aseguran que no se cruzarán de brazos.

La Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) encabezan una coalición de más de 60 organizaciones que convocó a un "día sin inmigrantes" este 1 de julio para mostrar el "poder económico" de los inmigrantes en Georgia.

"La lucha sigue. La hostil ley HB87 ya le ha hecho mucho daño a la economía y a la imagen de nuestro estado, ya no somos vistos por el resto país como un estado que da la bienvenida a los inmigrantes", dijo Azadeh Shashahanni, directora del proyecto de derechos de Inmigrantes y Seguridad Nacional de ACLU en Georgia.

Estas organizaciones han instado a la comunidad inmigrante a no comprar, no vender y no acudir a sus trabajos este viernes, con el fin de enviar un mensaje de "rechazo" a la nueva ley.

Para el sábado en la mañana, convocaron a la "Marcha por la Justicia" frente al capitolio estatal, a la que se sumó también Amnistía Internacional.

"Nuestra esperanza es que los legisladores escuchen nuestro mensaje y que se abstengan en un futuro de presentar medidas antiinmigrantes y que revoquen la medida HB87 y otras leyes antiiinmigrantes que han aprobado en años recientes", aseveró la activista de ACLU.
La ley migratoria de Georgia es considerada una de las más duras y polémicas normas estatales sobre esta materia y tiene importantes similitudes con la de Arizona, que criminaliza a los indocumentados y cuyos pasajes más controvertidos están suspendidos temporalmente por una corte federal.

En Estados Unidos, la inmigración es una competencia del Gobierno federal, no de los gobiernos estatales; sin embargo, la ausencia de una reforma de las leyes migratorias ha llevado a que algunas entidades promulguen normas contra los indocumentados.