El diálogo entre delegados del presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, y del depuesto gobernante, Manuel Zelaya, comenzó hoy en Tegucigalpa bajo la advertencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) de que deben lograr pronto una salida para no empeorar la crisis.

Si no se resuelve la crisis "llegaremos a un final que no por anunciado será profundamente negativo" para Honduras, señaló el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en su discurso en la instalación de la reunión.

Insulza reafirmó que es necesario "volver a la institucionalidad democrática que imperaba con anterioridad" al derrocamiento de Zelaya, el pasado 28 de junio, y así "terminar con sanciones que nunca" hubieran querido imponer a Honduras, suspendida de la OEA, entre otras medidas de la comunidad internacional. El titular de la OEA encabeza una misión de cancilleres y representantes de países americanos, España y las Naciones Unidas que asistió al inicio del diálogo, tras dos intentos fracasados en Costa Rica bajo los auspicios del presidente de ese país, Óscar Arias, mediador en el conflicto.

Insulza instó a ambas partes a dialogar "sin intenciones ocultas, con buena voluntad", porque, insistió, la crisis "ha creado una situación insostenible" para el país.

El canciller del Gobierno de facto, Carlos López, pidió, también en su discurso, que "a la mayor brevedad" cesen "las medidas discriminatorias establecidas desde el extranjero contra Honduras", porque "afectan a la población más pobre".

"Ese trato discriminatorio ha supuesto daños al pueblo hondureño en exceso de los 400 millones de dólares", aseguró López, sin ahondar al respecto. Reiteró la petición de que "se normalice la situación al interior de la misión del Brasil en Tegucigalpa (donde permanece Zelaya), de acuerdo a lo que establecen las convenciones sobre el derecho de asilo".

López demandó "que se desarme, si es que todavía no se hubiere hecho, a los extranjeros (sin precisar detalles) y nacionales que irregularmente se hallan al interior de la misión de Brasil", donde "sólo funcionarios del Brasil deberían ejercer autoridad, y en el exterior, sólo las autoridades hondureñas". Insulza pidió que en el diálogo "se consideren todos los puntos planteados en el Acuerdo de San José", propuesto por Arias en julio.

Recordó que "el acuerdo es claro en cinco aspectos: primero, el restablecimiento del presidente elegido por el pueblo hondureño"; la formación de un gobierno de unidad nacional, la "garantía" de Zelaya de no promover una Asamblea Constituyente, amnistía política y mecanismos de supervisión internacional.

"Queremos que se busquen consensos claros sobre estos puntos", subrayó el titular de la OEA. El ministro de Gobernación (Interior) de Zelaya y cabeza de su delegación, Víctor Meza, dijo que acude al diálogo "para ver hacia adelante" y utilizar este mecanismo "como la salida más adecuada" para la crisis.

"Lo importante es no traicionar ni abandonar el espíritu del Acuerdo de San José, esa es nuestra posición", puntualizó Meza, en referencia a que el Gobierno de facto, que convocó oficialmente el diálogo, lo llama Acuerdo Guaymuras, por el antiguo nombre del país.

El ministro de Estado para Relaciones Exteriores de Canadá, Peter Kent, dijo tener "la sensación de que todos los involucrados entienden que está cerca el momento en que esta crisis se tiene que resolver ya".

"Este año ha sido difícil para Honduras, pero los últimos meses de 2009 pueden ser positivos", consideró Kent, quien asistió a la apertura del diálogo como presidente pro-témpore del G-16, el grupo de países y organismos que brindan cooperación a Honduras.

Poco antes de iniciarse el diálogo, el frente de resistencia popular que apoya a Zelaya advirtió de que la restitución de éste "no es negociable". Los representantes de Micheletti son la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales, el empresario Arturo Corrales y al abogado Armando Aguilar, mientras que a Zelaya lo representan, además de Víctor Meza, su ministra de Trabajo, Mayra Mejía, y el sindicalista Juan Barahona.

Barahona denunció a la prensa que la policía dispersó con gas lacrimógeno en la embajada de EE.UU. una manifestación de decenas de personas que rechazan el golpe de Estado.

La policía también impuso un riguroso cordón de seguridad en los alrededores y dentro del hotel que alberga el diálogo, que busca una salida política negociada a la crisis hondureña, que ha entrado al cuarto mes.