
El ex mandatario, de 71 años, afronta una pena de ocho años de prisión y el pago de una indemnización equivalente a 1.6 millones de dólares al Estado y un millón de dólares a los agraviados, según pidió el fiscal, José Peláez.
El ex gobernante ya ha sido condenado a 25 años de cárcel por violación de derechos humanos y tiene otras dos sentencias por corrupción a siete años y medio, y a seis años. En Perú las penas no son acumulables y prevalece la mayor.
Fujimori aceptó los cargos en su contra, con lo cual evitó que comparezcan en el proceso no menos de cien testigos, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar.
Ambas personalidades fueron víctimas de interceptación telefónica cuando como candidatos enfrentaron a Fujimori en 1990 y 1995, respectivamente. Con esos métodos Fujimori ganó las elecciones en esos años, dijo Peláez.
También pagó a congresistas opositores para que se pasen a las filas del fujimorismo y compró un canal de cable con fines reeleccionistas, añadió.
César Nakazaki, abogado de Fujimori, dijo que su patrocinado "de todas maneras será condenado", mientras el congresista Carlos Raffo, vocero del ex gobernante, anotó que el tribunal que lo juzga "se ha convertido en un pelotón de fusilamiento político".
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