Bogotá,Colombia.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron hoy haber ejecutado a ocho indígenas awá porque, según esa guerrilla, "se pusieron al servicio del Ejército".
"Ante la presión de operativo (militar), su responsabilidad en la muerte de numerosos guerrilleros y su innegable participación activa que los implica en el conflicto, fueron ejecutados", señala un comunicado rebelde.
El escrito, firmado por la llamada "columna Antonio José de Sucre" de las FARC, fue difundido este martes por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) que suele divulgar comunicados, entrevistas y proclamas de esa organización armada.
La matanza fue denunciada la semana pasada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa), etnia que habita en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador.
Una comisión humanitaria que viajó a la zona del crimen colectivo, sin embargo, no ha hallado los cuerpos, mientras algunas autoridades indígenas han denunciado que al menos nueve aborígenes se encuentran desaparecidos en la misma región.
En el comunicado las FARC indican que esa operación no estuvo dirigida "contra indígenas", sino que fue una acción "contra personas que independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc, aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar".
Los miembros de esa comunidad, reconocieron los rebeldes en la comunicación fechada el 11 de febrero, fueron detenidos el día 6 de febrero en el sitio Río Bravo, del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño (sur).
En la misma, la principal guerrilla colombiana acusa a "la estrategia del Gobierno y sus fuerzas represivas de involucrar a sectores de la población civil al conflicto armado, a través de recompensas, conformación de redes de informantes, familias en acción y demás ramificaciones de la política de guerra".
Agregaron que los indígenas "realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban a las patrullas del ejército para golpearnos. Individual y luego en colectivo, todos ocho confesaron que desde hacía dos años trabajaban con el ejército en esa labor".
El escrito concluye con una invitación "a los dirigentes indígenas a no ser parte de la política del señor (presidente Álvaro) Uribe Vélez, pues aquellos que nunca han visto por estas comunidades indígenas y los han metido a la guerra no pueden ser sus defensores. ¡Son sus verdugos!".
Inmediatamente emisoras de radio divulgaron el comunicado y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y otras autoridades, así como distintas organizaciones rechazaron la acción y la consideraron criminal.
Para Santos, esa guerrilla es "un grupo que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Son capaces de amarrar a unos indígenas y asesinarlos con arma blanca, como fue la versión dada por un indígena que escapó".
Agregó que ese crimen fue "un hecho oprobioso, que merece rechazo de todo el mundo" y remarcó que el comunicado es "una confesión que nos muestra cómo son las FARC".
"Ante la presión de operativo (militar), su responsabilidad en la muerte de numerosos guerrilleros y su innegable participación activa que los implica en el conflicto, fueron ejecutados", señala un comunicado rebelde.
El escrito, firmado por la llamada "columna Antonio José de Sucre" de las FARC, fue difundido este martes por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol) que suele divulgar comunicados, entrevistas y proclamas de esa organización armada.
La matanza fue denunciada la semana pasada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa), etnia que habita en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador.
Una comisión humanitaria que viajó a la zona del crimen colectivo, sin embargo, no ha hallado los cuerpos, mientras algunas autoridades indígenas han denunciado que al menos nueve aborígenes se encuentran desaparecidos en la misma región.
En el comunicado las FARC indican que esa operación no estuvo dirigida "contra indígenas", sino que fue una acción "contra personas que independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc, aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar".
Los miembros de esa comunidad, reconocieron los rebeldes en la comunicación fechada el 11 de febrero, fueron detenidos el día 6 de febrero en el sitio Río Bravo, del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño (sur).
En la misma, la principal guerrilla colombiana acusa a "la estrategia del Gobierno y sus fuerzas represivas de involucrar a sectores de la población civil al conflicto armado, a través de recompensas, conformación de redes de informantes, familias en acción y demás ramificaciones de la política de guerra".
Agregaron que los indígenas "realizaban exploraciones, ubicaban a la guerrilla y luego iban a las patrullas del ejército para golpearnos. Individual y luego en colectivo, todos ocho confesaron que desde hacía dos años trabajaban con el ejército en esa labor".
El escrito concluye con una invitación "a los dirigentes indígenas a no ser parte de la política del señor (presidente Álvaro) Uribe Vélez, pues aquellos que nunca han visto por estas comunidades indígenas y los han metido a la guerra no pueden ser sus defensores. ¡Son sus verdugos!".
Inmediatamente emisoras de radio divulgaron el comunicado y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y otras autoridades, así como distintas organizaciones rechazaron la acción y la consideraron criminal.
Para Santos, esa guerrilla es "un grupo que no tiene ningún tipo de escrúpulos. Son capaces de amarrar a unos indígenas y asesinarlos con arma blanca, como fue la versión dada por un indígena que escapó".
Agregó que ese crimen fue "un hecho oprobioso, que merece rechazo de todo el mundo" y remarcó que el comunicado es "una confesión que nos muestra cómo son las FARC".
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