
La ley, que fue aprobada en septiembre por el Parlamento con la mayoría absoluta socialista tras haber sido devuelta al Legislativo por Cavaco Silva, establece como principal novedad la supresión del intento de conciliación entre las partes.
La normativa establece la petición de divorcio sin consentimiento de uno de los cónyuges, que ahora podrá ser solicitado por las partes cuando exista separación "de facto" durante un año consecutivo, ausencia durante el mismo periodo o se dé alteración de las facultades mentales de uno de los miembros del matrimonio.

Cavaco Silva pidió el pasado agosto la revisión -que el Gobierno llevó a cabo de forma puntual- del texto, al entender que la nueva ley provocará la desprotección del cónyuge que se encuentre en situación más débil (generalmente la mujer) y de los hijos menores.El presidente recordó entonces que el causante del divorcio podrá imponer un nuevo régimen de bienes diferente del elegido por la pareja al casarse.
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