SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) -- El gobierno dominicano puso en vigencia el sábado, a pesar de los reclamos de diversos grupos de derechos humanos, un plan para regularizar a las miles de personas que perderán la nacionalidad debido a un fallo del tribunal constitucional.

El proyecto "tiene una importancia fundamental", ya que permitirá determinar "el tiempo de radicación, el arraigo con la sociedad y las condiciones laborales y socioeconómicas" de los extranjeros, detalló la presidencia en el comunicado en el que informó que el presidente Danilo Medina firmó la noche del viernes el decreto para oficializar el plan.

El decreto establece un plazo de 18 meses para que los extranjeros que radican en República Dominicana sin permiso migratorio, incluidos los descendientes de inmigrantes a quienes les será anulada la nacionalidad, se regularicen.

Durante los primeros meses, el gobierno creará la infraestructura para comenzar a recibir las solicitudes y procesarlas a partir de junio próximo.

Miles de personas perderán la nacionalidad dominicana luego de que el Tribunal Constitucional consideró el 23 de septiembre pasado, al fallar el caso particular de una mujer de ascendencia haitiana, que desde 1929 la constitución vigente en ese momento establecía que los trabajadores inmigrantes sin permiso de residencia son "extranjeros en tránsito" y sus hijos nacidos en el país no son dominicanos.

El Tribunal ordenó en su sentencia inapelable que el registro civil realice en un plazo máximo de dos años un inventario de todos los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano desde 1929 y anule mediante procesos judiciales la nacionalidad a aquellos cuyos padres carecían de residencia legal, como los miles de haitianos que durante el siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde se establecieron por el resto de sus vidas.

Diversas organizaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras, estiman con base en una reciente encuesta auspiciada por Naciones Unidas que la medida afectará a unas 250.000 personas, en su mayoría descendientes de inmigrantes del vecino Haití.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, aseguró la semana anterior que según un muestreo de 1966 a la fecha, en ese periodo sólo unas 24.000 personas serán afectadas.

El plan adelantó de que habrá un "proceso especial para la naturalización" de los descendientes de extranjeros, pero no establece aún ni los requisitos ni las condiciones.

El documento sólo precisa los procedimientos para regularizar a partir del 1 de junio del 2014 y hasta mayo del 2015 a los inmigrantes que no cuentan con permiso para residir en territorio dominicano, en su gran mayoría inmigrantes haitianos que trabajan como albañiles, empleadas domésticas y jornaleros agrícolas.

El plan "es contradictorio", dijo a The Associated Press Joseph Cherubin, dirigente de la organización no gubernamental Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (Mosctha).

Cherubin, quien representa a la mujer cuyo caso fue usado por el Tribunal Constitucional para emitir su fallo, insistió que "para que alguien pueda ser naturalizado necesita un pasaporte extranjero", según la ley de naturalización. Pero los afectados por la desnacionalización ordenada por el tribunal carecen de pasaporte y acta de nacimiento de otro país. "Por eso no caben, no se puede naturalizar a un dominicano".

Mosctha y otras organizaciones de derechos humanos habían solicitado al gobierno no incluir en el plan de regularización de extranjeros a quienes pierdan la nacionalidad.

El tema de la personas desnacionalizadas "debe abordarse a partir de una medida y un escenario distintos", consideró la organización católica Red Jesuita en un documento que entregó al viernes al Consejo Nacional de Migración, encargado de la elaboración del plan.

El Consejo Nacional de Migración había dado a conocer su propuesta de plan el 22 de noviembre y el 27 abrió un plazo de tres días para que los interesados enviaran sus propuestas.

El gobierno también tenía previsto dialogar con las autoridades haitianas sobre el plan de regularización, pero canceló la cita, prevista para el sábado, luego de que el presidente de Haití, Michel Martelly, participó en la reunión en la que la comunidad del Caribe condenó la desnacionalización.

El presidente Medina firmó el decreto que formaliza el plan en el último día del plazo para recibir propuestas y poco antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comience el lunes una visita de cinco días para recibir denuncias y escuchar testimonios de los afectados por el proceso de desnacionalización.

María Isabel Rivera, vocera de la CIDH, adelantó que al término de la visita, el organismos multilateral podría emitir medidas cautelares en casos individuales que considere urgentes.

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