La Corte Constitucional colombiana mantuvo la destitución e inhabilitación por 18 años que la Procuraduría ordenó en 2010 contra la exsenadora Piedad Córdoba por haber mantenido una supuesta colaboración con las FARC, lo que confirma su muerte política.

Con siete votos frente a dos, el tribunal rechazó la tutela que había interpuesto Córdoba para pedir la anulación de la decisión de la Procuraduría (Ministerio Público), con el argumento de que estaba fundamentada en pruebas obtenidas ilegalmente y “contra derecho”.

Para el tribunal, la Procuraduría no violó el derecho al debido proceso y consideró que Córdoba efectivamente se extralimitó en sus funciones cuando el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe la autorizó para mediar con las FARC para una liberación de secuestrados.

El procurador, Alejandro Ordóñez, ha argumentado que Córdoba colaboró y hasta promocionó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras la exsenadora de origen liberal se defiende diciendo que sus gestiones ante los rebeldes tenían fines humanitarios y de consecución de la paz.

El proceso disciplinario que acabó con la vida política de Córdoba partió de unos supuestos correos electrónicos que, al parecer, la relacionan con las FARC bajo los alias de “Teodora”, “Teodora de Bolívar”, “La Negra” y “La Negrita”.

Los archivos fueron encontrados en ordenadores decomisados al portavoz internacional y segundo al mando en las FARC, “Raúl Reyes”, alias de Luis Édgar Devia, muerto en marzo de 2008 durante un bombardeo colombiano a su campamento en las selvas del norte de Ecuador.

Ese material fue contrastado con interceptaciones telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de las FARC, la declaración de Viktor Tomnyuuk, un infiltrado de nacionalidad ucraniana que tuvo contactos con el comandante del frente 30, alias “Mincho”, y con otros informes.

Según la Procuraduría, Córdoba aconsejó a las FARC que procuraran evitar que las voces de los insurgentes se escucharan en los vídeos de pruebas de vida de los secuestrados y les brindó información sobre posibles donaciones de Gobiernos extranjeros.

Córdoba no ha respondido por el momento a esta decisión de la Corte Constitucional porque asiste al “Encuentro Continental por la paz en el País Vasco” que se celebra en México. EFE