El tema ha sido polémico y ha causado malestar a dicha parte de la población, incluso organismos como Caricom también han cuestionado y criticado la decisión de República Dominicana.
El servicio pastoral emitió un comunicado firmado por 43 sacerdotes, religiosos y religiosas en el que denunció el "sufrimiento personal y familiar" de los afectados.
La sentencia emitida el 23 de septiembre abarca a los haitianos que llegaron al país como trabajadores agrícolas sin autorización legal para vivir y a sus descendientes nacidos en territorio dominicano.
"Queremos hacerles saber a nuestros hermanos dominicanos y dominicanas afectados por la sentencia que estamos con ellos en la defensa de sus derechos", dijo el sacerdote católico Abraham Apolinar al leer un comunicado en el Convento de los Dominicos, en la zona colonial de Santo Domingo.
"Estamos dispuestos a acompañarlos codo a codo desde sus comunidades eclesiales, desde sus organizaciones populares y desde los movimientos sociales", añadió Apolinar.
La decisión afecta a los descendientes de haitianos bajo el principio de que "una ilegalidad no puede generar una legalidad" y establece que todos los extranjeros que carecían de residencia deben ser tratado en "tránsito", una condición que transmiten a sus hijos, según el Tribunal Constitucional.
Para la Iglesia, la sentencia también incide en forma negativa en el desarrollo psicosocial y económico de "las personas desnacionalizadas", la sentencia del Tribunal Constitucional "fomenta y refuerza actitudes de 'antihaitianismo' en algunos sectores del pueblo dominicano".
Los religiosos católicos afirman que la sentencia, con su carácter retroactivo, arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante ocho décadas fueron asentadas como dominicanas en los libros del Registro Civil.
Desde 2007, la Junta Central Electoral, que administra los libros del Registro Civil, viene negando la expedición de duplicados de actas de nacimiento a personas de ascendencia haitiana.
La sentencia del Tribunal Constitucional fortalece la postura de la Junta y podría afectar en forma directa o indirecta a más de 200.000 personas, según cifras oficiales.
En República Dominicana residen 524.632 inmigrantes, equivalente al 5,4% de la población, estimada en 9.716,940, según la Oficina Nacional de Estadísticas. De ese total, 458,233 personas (87,3 nacieron en Haití y el resto en Estados Unidos, España, China, Francia y otros países.
Del total de descendientes de inmigrantes, 209.912 personas son hijos haitianos, según la primera encuesta nacional de inmigrantes, realizada por la Oficina de estadísticas con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Unión Europea.
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