Así lo informó la Presidencia en un comunicado emitido tras una reunión de Medina con embajadores y jefes de misiones de 16 países de América Latina acreditados ante el Gobierno dominicano.
El jefe de Estado compartió con los diplomáticos las decisiones tomadas el miércoles por el Consejo Nacional de Migración, que decidió de que en un plazo no mayor de 60 días deberá presentarse un plan para regular a los extranjeros en el país.
El anuncio de dicho plan se da en medio de la polémica por el fallo emitido a finales de septiembre por el Tribunal Constitucional (TC) que resolvió que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".
En un comunicado leído por el portavoz presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, tras la reunión del miércoles, el Consejo Nacional de Migración señaló que el Ejecutivo acata dicha sentencia, al tiempo que reiteró su compromiso "con el respeto a la Constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales".
En el documento, el Consejo reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria "clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales".
Paralelamente, agregó, el Estado "es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia".
Asimismo, reiteró la posición del presidente Medina de que "aquí hay un problema humano que tenemos que resolver".
En la cita se acordó la conformación del Instituto Nacional de Migración y la designación de su director ejecutivo.
También de decidió que en un plazo de 30 días la Junta Central Electoral, encargada del registro civil, rendirá un informe que recoja el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en su registro, tanto en su condición de regulares como irregulares.
La sentencia puede afectar a unas 250.000 personas nacidas en República Dominicana, la mayoría de origen haitiano, además de alrededor de 35.000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.
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