El senado asumió una votación claramente partidista de 24 votos a favor y 10 en contra de la iniciativa AB4, conocida como el Acta de la Confianza.
La propuesta fue aprobada en la cámara baja o asamblea y ahora será entregada al gobernador Jerry Brown.
El acta exenta a los departamentos de policía y de alguaciles en el estado a proporcionar automáticamente información de detenidos y fichados a autoridades de migración. Las autoridades policiales proporcionan esa información a la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE), mediante el programa llamado de Comunidades Seguras.
La legislatura de California también aprobó una versión del Acta de la Confianza el año pasado, pero el gobernador Jerry Brown la vetó con el argumento de que beneficiaría a indocumentados delincuentes.
El programa Comunidades Seguras dice además que aquellos que estén sin permiso legal en el país deben ser retenidos para las autoridades de inmigración.
"Personas inocentes han sido deportadas", dijo el senador demócrata Kevin de León, que presentó la ley en el Senado.
Siete de cada 10 inmigrantes deportados bajo el programa no habían cometido ningún delito mayor, dijo. Citó ejemplos de individuos que quedaron atrapados en procesos de deportación porque reportaron violencia doméstica o actividades pandilleras, o por violaciones menores de tránsito como luces traseras rotas en sus autos.
Como resultado, dijo, los inmigrantes "están perdiendo la fe en las agencias del orden". La ley mejoraría la seguridad pública, al alentar a los inmigrantes a cooperar con la policía, dijeron partidarios.
Inmigrantes sospechosos de delitos mayores aún podrían ser detenidos para deportación, dijo de León, mientras que aquellos convictos de delitos mayores serían deportados tras cumplir sus sentencias. Las autoridades locales podrían además detener a aquellos convictos previamente de delitos graves o violentos.
El gobernador Jerry Brown vetó una propuesta similar el año pasado porque no permitía que las autoridades locales detuviesen para deportación a aquellos convictos de crímenes como abuso de menores y narcotráfico. Esos delitos quedaron exentos en la versión de este año.
El senador republicano Jim Nielsen dijo que la capacidad de detener a algunos sospechosos para deportación es invaluable porque da a las autoridades tiempo para investigar el delito. "Eso es clave para las autoridades", dijo.
Los que se oponen a la medida argumentan que ésta pudiera poner en peligro fondos federales si el estado difiere de la política nacional de inmigración.
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