DALLAS (AP) -- La larga y onerosa lucha de un suburbio de Dallas para prohibir que los inmigrantes que viven en el país sin la debida documentación renten viviendas tendrá el miércoles la que tal vez sea su audiencia más importante ante un grupo de jueces conservadores en su mayoría y con el poder de influir en el debate nacional sobre la inmigración.

La población de Farmers Branch fue demandada hace cuatro años después de que aprobó una ordenanza en la que permitía que el inspector municipal de edificios desahuciara a cualquier inquilino no autorizado para vivir en Estados Unidos. Ahora el caso pasará ante todos los miembros de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, formada por 10 jueces nombrados por presidentes republicanos y sólo cinco elegidos por demócratas.

Hasta ahora, ningún tribunal le ha permitido a Farmers Branch implementar ningún tipo de ordenanza. Pero la inusual medida de la corte de apelaciones de escuchar el caso una segunda vez, meses después de que un panel distinto de tres jueces falló en contra de Farmers Branch, podría ser un indicio de que el poblado por fin podría obtener una victoria.

La ordenanza actual, que reemplazó una versión de 2006, requeriría que todos los inquilinos obtengan una licencia municipal por cinco dólares y llenen una solicitud que les pregunta cuál es su condición migratoria.

Después el inspector municipal de edificios tendría que verificar si algún inmigrante que solicita la licencia se encuentra legalmente en Estados Unidos. Se negaría el permiso a los inmigrantes irregulares, mientras que los caseros que les permitan seguir rentando a sabiendas de que carecen de permiso de residencia podrían ser multados o se les podría revocar su licencia para rentar.

La corte de apelaciones ha instruido a todas las partes a que se enfoquen en el fallo de la Corte Suprema federal de junio sobre la estricta ley de Arizona para controlar la inmigración.

Dicha decisión judicial rechazó amplias partes de la ley, pero conservó el requisito llamado "muéstreme sus papeles", que le da a los agentes policiales la autoridad de verificar el estatus legal de una persona si los oficiales tienen una sospecha razonable de que se encuentra sin permiso en Estados Unidos.

Los abogados de Farmers Branch argumentan que la ordenanza municipal es sustancialmente distinta de la legislación de Arizona y que la Corte Suprema no actuó para impedir que las autoridades locales restrinjan la renta de inmuebles a personas en condición migratoria irregular.

Nina Perales, vicepresidenta de litigio del grupo defensor de latinos MALDEF, cree que las autoridades locales podrían comunicarse con las federales en los asuntos migratorios, ya que no actuaron por ellos mismos.

"Donde la Corte Suprema ha dibujado la línea es donde el estado y las localidades están adoptando acción adversa unilateral contra personas que ellos creen que son indocumentadas", declaró Perales.

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Gráfico interactivo de AP:

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