Un fiscal federal imputó a la presidenta Cristina Fernández por el delito de "defraudación contra la administración pública" por la restricción al dólar.

El fiscal Carlos Stornelli resolvió "impulsar una acción penal" contra "la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; la presidente del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont; al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray; al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y/o funcionarios que pudieran tener participación en los hechos que se denuncian", según la resolución difundida este martes.

La causa pasó a la jueza federal María Servini de Cubría, quien debe considerar si el fiscal aportó elementos suficientes para ordenar una investigación formal a partir de la cual podría o no levantar cargos formales contra los denunciados.

El delito de "defraudación contra la administración pública" prevé penas de dos a seis años de prisión.

El detonante de la imputación contra Fernández fue una denuncia presentada por la diputada nacional Elisa Carrió, de la opositora Coalición Cívica, quien sostuvo que detrás de la prohibición de compra de dólares para atesoramiento se esconde "una colosal transferencia de dólares" a los tenedores de bonos argentinos.

El gobierno comenzó en noviembre a poner límites a la compra de dólares, moneda en la que los argentinos atesoran sus ahorros y con la que se manejan tradicionalmente para concretar operaciones comerciales como la compra venta de inmuebles. Las autoridades pretendían así limitar la fuga de capitales, que en 2011 ascendió a 23.000 millones de dólares, y contar con divisas suficientes para pagar la deuda externa.

Las restricciones fueron en aumento y actualmente sólo se permite la adquisición de divisas para viajes al exterior.

Para Carrió "se habría restringido de manera arbitraria, irrazonable e ilegal" el acceso al mercado cambiario "en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos argentinos...con el objeto de beneficiar únicamente a los tenedores del bono Boden 2012", recientemente cancelado por el gobierno con el desembolso de 2.200 millones de dólares.

Este título público fue emitido por el Estado para los ahorristas perjudicados por la feroz crisis financiera de 2001 que derivó en la pesificación de los depósitos bancarios en dólares. Sin embargo, el propio gobierno admitió que sus tenedores habían dejado de ser los ahorristas perjudicados para pasar a ser mayoritariamente fondos de Estados Unidos, Luxemburgo, Italia, Francia y Alemania.

Según la legisladora, famosa desde hace años por impulsar denuncias contra los gobiernos de turno, "los funcionarios denunciados deberían ser investigados en tanto habrían incumplido con sus funciones". En su parecer, la prohibición de la compra de dólares impulsada desde el Banco Central viola al Código Civil que acepta acuerdos entre partes fijados en moneda extranjera.

Otros de los elementos que tomó en cuenta Stornelli en su resolución fue la transferencia de reservas del Banco Central al Tesoro Nacional en los últimos años que "lejos de tener el carácter de préstamos transitorios se habrían transformado en una fuente de recursos permanente".

Stornelli es el mismo fiscal que en 2001 impulsó la investigación contra el ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Por esta causa, el ex mandatario estuvo en prisión domiciliaria durante seis meses.