Tras destacar las mejoras en el respeto a los derechos humanos en Colombia, el gobierno del presidente Barack Obama autorizó el miércoles más de 30 millones de dólares en ayuda a los militares del país sudamericano para combatir a insurgentes y narcotraficantes.
El gobierno de Obama destacó que Colombia ha combatido lo que era un creciente número de ejecuciones extrajudiciales y ha dado otros pasos para demostrar su seriedad en la protección a los derechos humanos. Ese hallazgo permite que el gobierno estadounidense envíe los 30,3 millones de dólares destinados a las fuerzas armadas colombianas, los cuales habían sido retenidos ante las preocupaciones por los derechos humanos.
Tras conocer la medida de Washington, el nuevo mandatario colombiano Juan Manuel Santos la consideró “justa”.
Autoridades estadounidenses informaron que el dinero apoyará los programas militares por aire, tierra y mar, así como el entrenamiento de las fuerzas de paz y la entrega de equipo. Algunos grupos defensores de los derechos humanos habían instado al gobierno de Obama a que no liberara los fondos, bajo el argumento de que Colombia no ha controlado los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad.
El Departamento de Estado señaló que hay insuficiencias relacionadas principalmente con la impunidad de algunas personas que han atentado contra los derechos humanos, las amenazas sostenidas contra algunos activistas y el uso de intervenciones telefónicas ilegales. Pese a ello, destacó que hay avances demostrables.
“Aunque sigue habiendo necesidad de mejora, el gobierno colombiano ha dado pasos positivos para mejorar el respeto a los derechos humanos en el país“, señaló la dependencia en un comunicado. “La instrucción firme dada por el gobierno en el sentido de que no se tolerarán las ejecuciones extrajudiciales ha llevado a revertir rápidamente una tendencia preocupante”.
Un funcionario del Departamento añadió que Santos se ha involucrado con grupos defensores de los derechos sindicales y de la sociedad civil para buscar una mejoría en la situación.
El mandatario ha propuesto también una “legislación monumental” para devolver a los campesinos desplazados millones de hectáreas de tierras de las que fueron despojados. El funcionario pidió permanecer en el anonimato por no tener permiso de dar declaraciones a la prensa.
Santos, al condecorar a varios ciclistas colombianos ganadores en el Tour de L’Avenir en Francia, dijo en Bogotá que la determinación de Washington “es una noticia positiva, sobre todo justa. Justa porque reconoce el esfuerzo que se ha venido haciendo en un problema que nadie desconoce”.
Añadió que su gobierno continuará “haciendo un gran esfuerzo en esa materia” de la defensa a los derechos humanos.
La fiscalía colombiana investiga a unos 1.100 soldados por la presunta ejecución extrajudicial de más de 2.400 civiles, la gran mayoría durante la gestión del ex presidente Alvaro Uribe, quien gobernó del 2002 al 2010.
La ley estadounidense especifica que la ayuda militar no debe proporcionarse a ninguna unidad colombiana que sea siquiera investigada por violaciones a los derechos humanos. Pero los casos abarcan 30 de las 32 provincias del país.
En el 2008, cuando estalló el escándalo, Santos, quien era ministro de Defensa, despidió a 27 oficiales por negligencia. El comandante del ejército renunció posteriormente. Santos fue elegido presidente en junio y asumió el mes pasado.
A la fecha, 191 miembros de las fuerzas colombianas de seguridad han sido hallados culpables de ejecuciones extrajudiciales, y casi 300 enfrentan juicio.
Grupos defensores de los derechos humanos se quejan de que los procesos han sido lentos, y de que muchos casos que debieron ser transferidos a tribunales civiles han seguido en las cortes militares, que suelen mostrar más clemencia con los acusados de esos ilícitos.
El miércoles, la fiscalía colombiana acusó a 29 soldados de asesinato, en relación con un caso que data del 2005, en el que dos hombres fueron muertos y presentados falsamente ante las autoridades como guerrilleros abatidos en combate.
También el miércoles, tras una reunión entre el fiscal general Guillermo Mendoza y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ambos anunciaron la creación de una comisión para fortalecer las investigaciones judiciales por los asesinatos atribuidos a militares. Un alto funcionario de la Fiscalía y Rafael Guarín, viceministro de Defensa, integrarán la comisión.
El jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hernando Castañeda, tras conocer los alcances de la reunión entre el fiscal y el ministro de Defensa, dijo a The Associated Press que cuenta con 39 fiscales que atienden estos casos, aunque “se necesitan unos 27 fiscales más”.
Colombia ha recibido más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar y de otra índole, procedente de Estados Unidos, desde el 2000, bajo los términos del Plan Colombia, una iniciativa para apoyar al país en su lucha contra las guerrillas y el narcotráfico. Parte de esa ayuda está condicionada la certificación de que Colombia cumple ciertos criterios en materia de respeto a los derechos humanos.
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