El Gobierno interino de Roberto Micheletti radicalizó su postura dentro y fuera de Honduras con la suspensión de las garantías constitucionales durante 45 días y la decisión de no admitir a funcionaros internacionales en el país al tiempo de advertir a Brasil del fin de la inmunidad de su legación.

El Gobierno de facto de Honduras suspendió durante 45 días las garantías constitucionales, según un decreto al que tuvo acceso hoy la agencia “EFE”, que restringe las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.

El decreto ordena, además, el desalojo de toda institución pública tomada por manifestantes, el cierre de medios de comunicación que "ofendan la dignidad humana, a los funcionarios públicos o atenten contra la ley" y la detención de personas que sean consideradas sospechosas.

La medida fue aprobada el 22 de septiembre por Micheletti en consejo de ministros y publicada el sábado pasado en La Gaceta oficial, confirmó a “EFE” una fuente del Gobierno.

Este domingo por la noche, el Gobierno informó de este decreto en un comunicado a todo el país por radio y televisión.

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, denunció en declaraciones a “Radio Globo” que ese decreto es "una barbaridad que indigna, que molesta", e hizo un llamamiento al Parlamento para que lo suspenda y que sus diputados "escuchen el diálogo" que él propuso para resolver la crisis política que vive Honduras.

Desde la Embajada de Brasil, donde se encuentra desde que llegó por sorpresa el pasado lunes, Zelaya también expresó que "hoy es el día para convocar, siempre de forma pacífica, a la resistencia" popular que exige su restitución en el poder, "para que se manifieste durante 24 horas continuas".

También hoy el Ejecutivo de Micheletti impidió el ingreso en el país de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y dos de la Embajada de España, en una jornada en la que se denunció una nueva víctima mortal como consecuencia de la crisis política.

Según las autoridades golpistas, se impidió el ingreso de los funcionarios porque "no era este el momento procesal oportuno" y ya estaban advertidos, aunque informaron de que a uno de ellos se le permitió entrar en Honduras.

El canciller del Gobierno de facto, Carlos López, informó en rueda de prensa de que la Embajada de Brasil perderá su estatus diplomático en 10 días si no define la situación en que se encuentra Zelaya, que el pasado lunes apareció en ella al regresar al país casi tres meses después de su derrocamiento.

"El privilegio (de Brasil) de tener una misión en Honduras se acaba en 10 días por reciprocidad, pero eso no es un elemento como para decir que el señor Zelaya se queda en la calle o que queda abierto para una intervención para capturarlo", indicó.

López hizo esas declaraciones después de que anoche diera un plazo de 10 días a Brasil para que defina el estatus de Zelaya, y anunciara que el Ejecutivo de Micheletti no recibirá a los embajadores de España, Argentina México y Venezuela.

López aseguró que los 10 días no son un ultimátum sino "un plazo de cortesía".

La crisis política en Honduras se tornó más tensa cuando se cumplen tres meses del derrocamiento de Zelaya, mientras que la resistencia popular contra el golpe de Estado denunció hoy la muerte de una universitaria a causa de la inhalación de gases lacrimógenos en los alrededores de la Embajada de Brasil.

En una misa oficiada en la misión diplomática brasileña por el sacerdote Andrés Tamayo, éste informó a medios locales de prensa que el sábado falleció la joven Wendy Elizabeth Ávila, la tercera persona desde el regreso de Zelaya el pasado lunes.

Los restos de Ávila fueron velados hoy en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares, cuya sede se llenó de miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado que exige la restitución de Zelaya en el poder.