Estados Unidos aumentó su presión sobre el régimen de facto de Honduras, al anunciar ayer martes que revocó las visas diplomáticas a cuatro de sus funcionarios y estudia retirarlas a otros más, mientras insistió en una salida negociada a la crisis.

"Hemos revocado las visas (diplomáticas) a cuatro de las personas que las tenían", indicó a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly.

Las personas objeto de la sanción, a las que Kelly no identificó, son funcionarios que ocupaban sus cargos bajo el gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado el 28 de junio, y que siguieron en funciones bajo el régimen de facto de Roberto Micheletti.

"Estamos revisando todas las visas tipo 'A' (diplomáticas) de miembros del régimen de facto de Honduras, así como las visas de los familiares de estos individuos", precisó Kelly.

Momentos después, la vicecanciller del régimen de facto, Martha Lorena Alvarado, confirmó que uno de los sancionados fue el juez de la Corte Suprema Tomás Arita, uno de los que firmó la orden para que los militares allanaran la vivienda de Zelaya y lo capturaran.

"Tenemos una política de no reconocer el gobierno de Roberto Micheletti. Este es un paso que hemos tomado para ser consistentes con nuestra política", dijo Kelly, quien rehusó caracterizar la medida como un endurecimiento de Washington contra el régimen de facto.

Uno de los afectados fue el nuevo presidente del Congreso de Honduras, José Alfredo Saavedra.

"Se me dio una explicación, pero igual no necesitamos una explicación alguna. Yo soy profesional del derecho, entiendo este proceso desde el punto de vista político y jurídico", dijo Saavedra a los periodistas, cuando le pidieron que confirmara si era uno de los cuatro funcionarios hondureños despojados de visa diplomática en Estados Unidos.

"No es necesariamente que me quite el sueño, debo ser respetuoso de las decisiones de otros pueblos", agregó Saavedra.

"Tenemos una excelente relación con el gobierno de Estados Unidos y su pueblo. Su servidor siempre ha tenido afinidad y mucha relación directa y nosotros no tenemos ningún inconveniente", agregó en un aparente intento de minimizar la sanción de Washington, que no reconoce al régimen de facto surgido del golpe de Estado del 28 de junio.

Saavedra fue elegido nuevo titular del Congreso en sustitución de Micheletti.

En una primera reacción, Zelaya, quien había exigido a Estados Unidos mayor firmeza frente a Micheletti, celebró que Washington suspendiera "visas a miembros de esta élite golpista", en declaraciones desde Ocotal, Nicaragua, donde ha montado campamento cerca de la frontera con Honduras.

El gobierno de Barack Obama ha condenado el golpe de Estado del 28 de junio y ha pedido la restitución de Zelaya, al tiempo que anunció el fin de la cooperación militar con Tegucigalpa.

"Estamos revisando todos nuestros programas bilaterales con Honduras", confirmó este martes Kelly.

El portavoz sostuvo que con la nueva medida, Washington busca seguir "haciendo todo lo que podamos por respaldar el proceso iniciado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y los esfuerzos de negociación" para buscar una salida a la crisis en Honduras, que este martes cumplió un mes.

Zelaya ya dio por fracasadas las negociaciones, pero el régimen de Micheletti aún no se pronuncia oficialmente sobre una propuesta de Arias, que estipula el retorno del mandatario derrocado al poder y el adelanto de las elecciones generales, previstas en principio para noviembre.

El presidente depuesto aseguró que, pese al repliegue militar en la zona fronteriza, que le permitirá reencontrarse con su familia, no existen condiciones que garanticen su seguridad en un eventual regreso al país centroamericano.

"Yo no me puedo confiar porque ellos me han enviado muchos mensajes y han aplicado un principio que según la jerga militar dice 'muerto el perro, se acaba la rabia'", dijo.

Washington ha mantenido una postura de condena al golpe, pero prioriza una negociación, e incluso ha advertido a Zelaya de que sus intentos por retornar a Honduras son "imprudentes", según dijo la semana pasada la secretaria de Estado.